Este miércoles se presentó oficialmente el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación de Brasil (CPI) y recomienda que el presidente, Jair Bolsonaro, sea acusado de 10 presuntos delitos por su manejo de la pandemia.
Después de que los miembros de la comisión negociaron durante los últimos días, la acusación de homicidio que estaba inicialmente en un borrador del informe, fue retirada y la acusación de genocidio fue cambiada a “crímenes de lesa humanidad”.
Bolsonaro está siendo acusado de una epidemia con resultado de muerte, charlatanería, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de fondos públicos, prevaricación, crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos sociales, incompatibilidad con la dignidad, honor y decoro de la posición, y violaciones a las medidas sanitarias preventivas.
Esta es la primera vez en la historia de Brasil que una comisión parlamentaria elabora una lista tan extensa de presuntos delitos que acusan a un presidente de la República.
Los relatores también acusan a funcionarios y exfuncionarios del Psicópata de la República (ministros, secretarios y otros cargos), diputados, empresarios, miembros del “gabinete del odio” y los hijos 01, 02 y 03 de Bolsonaro por 68 crímenes. Acá algunos ministros y exministros: pic.twitter.com/e9UhqgEduQ
— Bruno Bimbi (@bbimbi) October 20, 2021
El relator del CPI, Renan Calheiros, también pidió el sometimiento de la investigación a la Corte Penal Internacional (CPI) para analizar las acusaciones a Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad.
En el informe final, también se recomienda que otras 65 personas sean acusadas de una variedad de presuntos delitos, desde la incitación al delito hasta la formación de una organización criminal.
Los tres hijos de Bolsonaro, Flavio, Eduardo y Carlos Bolsonaro, están en la lista, así como ministerios de gobierno y altos funcionarios: tanto los ex ministros de Salud como los actuales jefes de la cartera, Eduardo Pazuello y Marcelo Queiroga, así como el ministro de Defensa, Walter Braga Netto.
Aparecen también en la lista congresistas, blogueros, asesores médicos y empresarios.
Se espera que los senadores de la comisión voten el informe final la próxima semana, y si se aprueba, el documento pasará al Fiscal General Augusto Aras, considerado aliado de Bolsonaro, quien luego tendría 30 días para anunciar cualquier medidas derivadas del informe.
Segundo @renancalheiros, a #CPIdaPandemia "evitou a corrupção na compra de R$6 bilhões na vacina da CanSino e de R$1,6 bilhão na Covaxin". #CPIdaCovid pic.twitter.com/KZA0XF1bpE
— TV Senado (@tvsenado) October 20, 2021
Frgmentos de la exposición del relator de la CPI, el senador Renan Calheiros.
Una de las principales conclusiones del documento de 1.180 páginas es que el gobierno brasileño, “omitió y optó por actuar de manera no técnica e imprudente en la lucha contra la pandemia… exponiendo deliberadamente a la población a un riesgo concreto de infección masiva”.
El informe también critica el desaliento del gobierno de las medidas sanitarias, incluyendo ir en contra de los consejos científicos, incluido el uso de distanciamiento social y el uso de máscaras.
El informe denunció lo que dijo era el retraso deliberado del gobierno brasileño en la compra de vacunas y su impulso hacia los llamados tratamientos ineficaces contra covid-19, como la hidroxicloroquina y la ivermectina.
En el informe, los senadores propusieron una serie de leyes para que el Congreso las aprobara, incluida la penalización de las noticias falsas, la pensión a los huérfanos, la jubilación anticipada causada por covid-19 y un límite de tiempo de 60 días para que el Congreso revise las solicitudes para acusar a Bolsonaro.